Los fiscales chilenos acusarán al jefe de la policía nacional por su participación en operaciones antidisturbios durante el levantamiento social de Chile de 2019. Esto podría costarle muy caro al país en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
La tarde del 18 de octubre de 2019, Chile se vio sumido en el caos. Al mismo tiempo, se incendiaron varias estaciones de metro, comenzaron disturbios en diferentes partes del país y, lo que es más preocupante aún, nadie sabía muy bien por qué estaba sucediendo esto. La policía nacional, los Carabineros –una fuerza policial nacional militarizada que pronto celebrará su centenario– se vio abrumada e incapaz de controlar lo que estaba sucediendo. El entonces presidente Sebastián Piñera puso a Chile en estado de emergencia y entregó el control de las principales ciudades a las fuerzas armadas durante aproximadamente 10 días. Las cosas no se calmaron hasta mediados de noviembre, cuando se llegó a un acuerdo con los líderes de la oposición y los que estaban en la calle. Al final, fue sólo la pandemia de Covid-19 la que puso fin a los disturbios.
Al momento de la revuelta social, el actual jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez, era el director operativo de la fuerza, liderando las acciones antiprotestas contra el desorden que se vivía en las calles. Los fiscales dicen que fue responsable de los abusos policiales y violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar, incluidos casos de personas que perdieron la vida, algo con lo que las organizaciones de derechos humanos están de acuerdo, pero no el resto de Chile.
La lógica dicta que, independientemente del motivo de fondo, el general Yáñez debe renunciar a la dirección de Carabineros si su presencia genera un conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. La actual situación de seguridad interna en Chile no permite una batalla por el poder entre dos de las autoridades encargadas de resolver el problema de la criminalidad. Deberían trabajar juntos y centrarse en reducir la delincuencia, el tema número uno que preocupa a la gente en Chile y uno sobre el cual los chilenos no sienten que el gobierno esté haciendo lo suficiente.
El enjuiciamiento
No deberíamos caracterizar erróneamente al Ministerio Público de Chile: no es un brazo independiente del Estado, sino un organismo autónomo cuya misión es "dirigir la investigación de los delitos, llevar a los acusados ante los tribunales, si corresponde, y brindar protección a las víctimas y testigos'. No genera sentencias judiciales, y claramente puede cometer errores. Más importante aún, debido a capacidades insuficientes, no persigue todos los delitos; Más bien, selecciona los más importantes o los casos en los que es obvio que debe actuar.
Como en las películas de Hollywood, la fiscalía tiene mucha política, y es normal que su trabajo sea reconocido por unos y criticado por otros. Sólo hay un jefe principal, el fiscal jefe nacional Ángel Valencia, al que los fiscales autonómicos no siempre prestan atención. A veces pueden dejarse llevar por ello, como es común en fiscales regionales como Ximena Chong y Xavier Armendáriz, quienes la mayoría de las veces muestran sus inclinaciones izquierdistas o progresistas cuando se enfrentan a casos como este, en el que Ha indicado que en mayo de 2024 presentarán formalmente cargos contra el general Yáñez. En una declaración pública, los abogados de Yáñez argumentaron que ambos fiscales han mostrado 'enemistad, odio o rencor' contra Carabineros en el pasado.
Cabe recordar que la policía cumplió las órdenes del Ministerio del Interior y del presidente de la época; ellos mismos no tomaron decisiones
Al ser consultado sobre las críticas del Ministerio Público tras el proceso judicial contra el general Yáñez, el fiscal general Valencia respondió que es común que haya opiniones diversas en casos sensibles. 'En mi rol de fiscal nacional no me corresponde opinar sobre su contenido (...) en un país democrático como el nuestro, es sano, justo y necesario que instituciones como el Ministerio Público también puedan ser objeto de críticas, y que las escuchemos y las evalúemos interna o externamente según corresponda', añadió. Desafortunadamente, ser autónomo significa que la fiscalía tiene pocos incentivos para escuchar críticas o mejorar sus procesos y procedimientos.
¿Un golpe a los esfuerzos contra la delincuencia?
Carabineros afrontó el estallido social de 2019 con los recursos humanos y materiales con los que contaba, con procedimientos más adecuados para prevenir delitos, perseguir a delincuentes y atender desórdenes callejeros de mediana magnitud. No estaban preparados, y parece que nadie lo estaba, para enfrentar un estallido de malestar social a nivel nacional que mezclaba demandas sociales genuinas con las acciones de criminales y delincuentes de la peor calaña, que vieron una oportunidad para saquear, destruir y robar.
Cabe recordar que la policía cumplió las órdenes del Ministerio del Interior y del presidente de la época; ellos mismos no tomaron decisiones. Salieron a restablecer el orden y la seguridad pública